Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, dará lugar a la posible comparecencia en juicio de unos trescientos a quinientos miliares que por el dictado de estas leyes había quedado al margen de la compulsa judicial.

De estos militares que pueden ser llamados a juicio y procesados por tener vinculaciones con hechos aberrantes producidos durante los años 1976 a 1983, una buena cantidad están en la actualidad retirados y otra parte muy pequeña se encuentra aún en actividad.

Existe algún malestar en las Fuerzas Armadas principalmente por estos militares en actividad, quienes argumentan que ellos durante los períodos de gobiernos militares tenían grados bajos, en general y que los principales inculpados, responsables de la emisión de órdenes están ya procesados y están presos y que aquellos militares que por su graduación debieron comparecer ante la justicia no sólo tuvieron el paraguas de las dos leyes ahora declaradas inconstitucionales, sino que además, fueron “indultados”.

Entonces, lo que reclaman los uniformados, es la derogación de los indultos, a fin de que también sean llamados a juicio aquellos que fueron indultados por el Gobierno de Menem.

Es decir, si nos juzgan, que nos juzguen a todos y en esto está comprendido también el juzgamiento tanto del terrorismo de Estado, como los subversivos para militares o miembros de grupos subversivos como Montoneros, ERP, FTP, etc, quienes participaron en secuestros, asesinatos y sangrientos copamientos a cuarteles.

También deberían ser llamados a juicio aquellos que fueron indultados habiéndose alzado contra gobiernos constitucionales como los Carapintadas y los participantes de la subversión del Coronel Seineldín.

En este punto, la doctrina constitucional nos hace una clara diferencia: “Sólo pueden ser anulados los indultos presidenciales otorgados antes de existir una condena firme en el caso.

Es decir que aquellos que tuvieron condena firme y fueron luego indultados, no pueden ser modificados en su situación, es decir no se puede hacer que cumplan la condena firme que obtuvieron y que luego fue dejada en suspenso por un indulto presidencial.

El Gobierno, a través de su Jefe de Gabinete, Alberto Fernández ha dicho que el Ejecutivo entiende que los decretos deberían ser anulados declarándolos inconstitucionales la misma Corte Suprema que emitió el fallo motivo de la presente, y el Ministro de Justicia Horacio Rosatti si bien deja en claro la existencia de tres posibles formas de anular los indultos como una Ley del Congreso, o un Decreto del Ejecutivo, estima que la mejor vía sería que la misma justicia anulara los indultos presidenciales concedidos por el Presidente Menem.

Dado que los casos en los que la Corte podría expedirse todavía están a varios meses de llegar al máximo tribunal, estimamos que este tema volverá a tratarse recién después de las elecciones.

En definitiva, creo que será la Corte la que en su momento creará la jurisprudencia que se aplicará a cada caso en particular y a cada tipo de delito en particular

Tampoco lo vemos como un tema central de campaña. Esta no es la preocupación de la mayoría de la población, cuyas prioridades son cubrir la canasta básica, conseguir trabajo y poder alguna vez planificar el futuro de su familia con una mayor tranquilidad.