Desde la primera ley Secreta en 1891, dictada durante el primer año de la presidencia de Carlos Pellegrini hasta ahora, el 90% de las leyes secretas fueron dictadas por los gobiernos de facto, pero ningún gobierno constitucional las derogó. La última ley Secreta data de 1983.

Leyes Secretas (2da. Parte)

Blas Bante

Si bien los gobiernos militares y en alguna medida el gobierno radical de Alfonsín tuvieron que ver con el dictado de leyes secretas y su vinculación con distintas maniobras de apropiación indebida de fondos del Estado o por lo menos de desviación de fondos del Estado para otros usos que no fueron los originalmente establecidos, quien utilizó estas leyes para la creación de una estructura paralela de sobresueldos fue Carlos Menem.

La base jurídica utilizada para este montaje fue la Ley Secreta 18.302, que curiosamente no hablaba de temas económicos como muchas otras leyes secretas, sino que hacía mención fundamentalmente a temas de seguridad nacional.

Al poco tiempo de asumir Menem, tanto Bauzá como Cohan, los dos hombres más cercanos en esos tiempos al presidente, junto con Vico y Ramón Hernández, este último ya devenido de chofer a secretario privado, decidieron implementar un sistema de sobresueldos que permitiera a todos los integrantes del equipo gubernamental y sobre todo a aquellos a los que se los consideraba como más importantes en la estructura de poder, o más amigos, como se los llamaba por esos tiempos, un nivel de ingresos importante comparable al de los países más desarrollados.

Por supuesto que esta idea no surge durante el interinato de los primeros ministros de economía Rapanelli y Erman González, quienes tuvieron que apagar el incendio que dejó Alfonsín con los australes, sino de la increíble mente de Domingo Cavallo, quien es el que acerca esta idea de sobresueldos a Bauzá y le habla de que su convalidación está claramente asegurada por la Ley Secreta 18.032.

Con el beneplácito de todos los funcionarios que veían por primera vez la posibilidad de que la función pública les permitiera, lícitamente ya que una ley lo establecía (según les habían dicho), tener sueldos para vivir con un adecuado nivel y resarcirse de las pérdidas que significaban dejar la actividad privada para ingresar al Estado.

Fueron muy pocos, si es que los hubo, los funcionarios que no pasaron a buscar mensualmente su sobre por una ventanilla del primer piso de la calle Hipólito Irigoyen, para sí o para algún ministro que muy ocupado no pasaba personalmente a buscar su dinero.

También en el Congreso se implementaron sistemas parecidos para premiar, si puede llamárselo de alguna forma, la concurrencia al recinto, para dar quórum o para la aprobación de las leyes de interés para el Gobiernos, fundamentalmente.

Durante el período del Menemismo, el papel de negociador lo asumió el Presidente de la Cámara Baja, Alberto Pierri, a quién nunca nadie acusó, pese a que este tema era un secreto a voces dentro del Congreso.

Quien tuvo mucho que ver en este trabajo codo a codo con Pierre fue el Chupete Manzano, joven médico mendocino que llegó a la cámara y fue propulsado por Diego Ibáñez, Secretario General del Supe, como vicepresidente de la Cámara por ser el legislador más joven que asumía en el PJ.

Curiosamente, tanto Pierri como Manzano, se han dedicado a invertir la cuantiosa fortuna que amasaron durante su tiempo parlamentario en comprar medios de comunicación, se supone que tal vez pensando que más adelante podrían utilizarlos para su propia campaña.

Hasta ahora no se avizora que puedan volver al ruedo político, tanto uno como el otro no han quedado con muy buena imagen a nivel popular, pero uno no sabe que puede deparar el destino, y menos en la política argentina.