Vedas, topes, restricciones, límites y otros. No califican para un crédito o un seguro de vida. Se les triplica el costo de la prepaga. No pueden ser garantes ni inquilinos titulares, ni tampoco acceder a tarjetas.

Mayores de 65 años: descartados del sistema

Andrea Sambuccetti
andreas@infobae.com
Martín Burbridge
mburbridge@infobae.com
Juan Wasilevsky
juandiego@infobae.com
(c) INFOBAEprofesional

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Cumplir 65 años en la Argentina implica –en general– no poder acceder a un crédito hipotecario ni prendario, olvidarse de optar por un seguro de vida o de salud y ubicarse en la pequeña franja de 2,7% sobre el total del mercado de trabajo, donde aún existe alguna demanda, aunque pobre.

Lejos de comenzar a disfrutar el esfuerzo de los años pasados, a partir de los 70 años se triplica el costo que se debe afrontar para conservar una prepaga y no es posible en todos los casos ofrecerse como garante en el revolucionado mercado actual de alquileres o para un préstamo.

Tampoco se prefiere al mayor como inquilino titular, al menos, en lo que a la Capital Federal respecta.

Desde el sistema financiero formal e informal, se ofrecen créditos personales pero de bajo monto, casi siempre atados al valor de la jubilación mensual. Al respecto, hoy no posee cobertura previsional 35% de los mayores de 65, y se estima que en el 2015 un 50% quedará fuera del sistema.

Alrededor de 100.000 personas, mayores de 60 años, hace poco más de 3 años quedaron dentro del “corralito” financiero y aún permanecen allí, sin haber recuperado sus ahorros.

Se estima informalmente que los titulares de alrededor de la tercera parte de los 250.000 amparos son mayores de 65 años. Según estimaciones del INDEC, en el país habría 3.872.988 personas dentro de esta franja de edad. Se trata de 10% de la población total argentina que no puede acceder a un crédito hipotecario por la edad.

De acuerdo con un relevamiento propio sobre una veintena de reconocidas entidades bancarias (ver infografía) sobre la base de datos del Régimen de Transparencia del BCRA, la edad máxima promedio para calificar para un crédito hipotecario, entre otros requisitos, es de 65,4 años.

Restricciones
De la misma estadística se infiere que, para obtener un préstamo personal o una tarjeta para consumo en el país, se puede tener hasta 68 años. Para una tarjeta de crédito, pero de consumo, también en el exterior, la edad media máxima es 67 años.

Debe rescatarse que los bancos provinciales, que no fueron incluidos en esta lista de 20 entidades, tienen mejores límites, que llegan hasta 83 años.

Un bancario dijo en off que, en relación con el tope de edades como condición, que “más que nada es un tema del seguro: las compañías no aseguran a los mayores de 65 años, entonces se complica la tramitación de un crédito hipotecario a financiarse a 10 años”.

El mismo bancario indicó que “los topes, igualmente, dependen de la política de cada banco, y muchos, la verdad, no toman a mayores de 65-70 años porque no cuentan con ingresos activos”.
Igualmente existen bancos que están ofreciendo préstamos a jubilados a tasas convenientes. El problema son los topes que, en general, se calculan sobre la base de la jubilación.

Informalidad
Por fuera del sistema bancario existe una verdadera extensión de compañías financieras, particulares y mutuales que ofrecen crédito a quienes no “califican” para los bancos. Mientras que las tasas bancarias rondan de 10 a 12% nominal anual, los prestamistas cobran el triple: hasta 40 por ciento.

Infobae se comunicó con uno de estos oferentes, que indicó telefónicamente: “Para el caso de préstamos a jubilados, la cuota mensual no puede superar un 45% de la jubilación mensual. Prestamos hasta 15.000 pesos en un plazo máximo de 48 meses. Por cada $1.000, por ejemplo, serían 36 cuotas de 57 pesos”. Si se tomara este último préstamo, por cada $1.000 a 3 años se devolverían $ 2.052, más del doble.

En general, cualquier prestamista particular cobra tasas de hasta 70% si el crédito es equivalente a un monto total de cinco jubilaciones.

Garantías
Mientras que la oferta de alquileres se retrajo 50% desde la salida del 1 a 1 –y por la falta de acceso al crédito creció 30% el caudal de personas que tuvieron que volcarse a las locaciones–, las condiciones o requisitos para quienes quieren alquilar se endurecieron.

Entre estas condiciones se agregaron dos, aunque sólo para el territorio porteño, a saber: que el garante no tenga más de 65 o 70 años y que el inquilino tampoco exceda esta edad.

“Esto es cierto y es realmente algo muy cruel que no debería ocurrir. Son las reglas que impone el mercado y está dado por la inseguridad jurídica que prima en las relaciones contractuales”, opinó al ser consultado Enrique Abatti, vicepresidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA).

“Por los problemas que le puede llegar a acarrear a un locador, se decide no alquilar a mayores de 70 años. El temor es que esta persona pueda sufrir inconvenientes de salud y se demore la ejecución de un juicio de desalojo en caso de incumplimiento”, explicó Abatti.

“El tema de los créditos y sus límites de edad se da porque, supongamos que una persona trabaja, se queda sin trabajo y pasa a ser jubilado, pero hay una porción muy grande de su haber jubilatorio que es inembargable: sólo se puede disponer del 25% de lo que supere el haber mínimo”, agregó el titular de CAPRA.

Ocurre esta particular situación: mientras que los mayores de 65 años no pueden acceder a un préstamo hipotecario y muchas veces tampoco salir como garantes, se agrava la crisis habitacional.

Esto se da porque los jóvenes no acceden a las propiedades que deben alquilar por su revaluación en dólares, pero sus padres tampoco pueden respaldarlos por la edad que tienen.
En el caso de los créditos hipotecarios pasa lo mismo: los padres de los jóvenes de 30 años promedio no siempre cumplen con el límite de edad que exige el banco, entre otros requisitos.

Veda
De acuerdo con cifras del INDEC del primer semestre del 2004, sólo 2,7% de la fuerza laboral está compuesta por mayores de 65 años, con 414.469 trabajadores. En el tramo que va de 50 a 65 años se ubica 19,4% de esta fuerza laboral –unos 3 M de trabajadores–, y alrededor de 60% del total lo ocupa la franja de 25 a 49 años, casi 9 M de personas.

“El año pasado, la agencia Télam encargó una encuesta para conocer acerca de los nuevos empleos, la edad máxima que requerían para tomar gente. Sólo 10% de los pedidos laborales son para los que tienen entre 35 y 50 años”, se quejó Hugo De la Sota, presidente de la Asociación de 50 a 60.

“Hoy por hoy, si se tiene más de 65 años, salvo empresas que tienen algún tipo de convenio con bancos donde se paga a jubilados, en general no se otorgan créditos hipotecarios”, agregó, para luego concluir: “somos viejos para trabajar y jóvenes para jubilarnos”.

Jubilaciones
De acuerdo con un informe de la consultora IDESA, el envejecimiento de la población argentina y la alta informalidad del mercado laboral son el caldo de cultivo para una situación que tendrá graves efectos sociales en los próximos diez años.

Cada vez serán más quienes no puedan recibir una jubilación, a tal punto que se estima que 50% de los mayores de 65 quedarán fuera del sistema previsional en el 2015 (hoy es 35% que no posee cobertura previsional a nivel nacional, con promedios de 50% en las provincias del norte y de 45% en la Patagonia), sostiene.

Las sucesivas crisis económicas fueron debilitando la contratación en blanco, lo que implica que en los últimos años, de 2 millones de trabajos creados, un millón y medio fue en negro.

En el 2004, los trabajadores en negro representaban casi 30%, es decir, la misma proporción que los registrados. A esto hay que agregarle 20% de autónomos que, en su gran mayoría, no realizan regularmente sus aportes, y 20% de desempleados, algunos recibiendo subsidios tales como planes Jefas y Jefes de Hogar.

Por otra parte, en 1998 la ANSES pagaba casi 3 millones de prestaciones, y se espera que para el 2015 caiga a 2,4 millones, aun a pesar del crecimiento esperado de la población mayor de 65 años.

AFJP
Sólo 40% realiza los aportes. Un problema urbano. Según el informe de coyuntura de mayo del 2005 de la Superintendencia de AFJP (SAFJP), al 30 de abril de 2005, los afiliados al régimen de capitalización eran 10,2 millones, mientras que el número de aportantes alcanzaba los 4 millones.

Por su parte, el régimen de reparto contaba con 2 millones de afiliados y 0,6 millón de aportantes. Esto representa 37% de afiliados que aportan en promedio, y que en definitiva serán quienes más adelante puedan acceder a los beneficios de una jubilación.

Es decir, que casi dos tercios de los afiliados podría solamente acceder a la jubilación mínima, que corresponde a un nivel de ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

Interior
Esta situación no tiene en cuenta el envejecimiento de la población (por el aumento en la esperanza de vida y la caída en la tasa de natalidad), lo que implica que si no se aplican reformas al sistema previsional, se necesitarán cada vez más aportantes activos para financiar a los jubilados.

La situación no está repartida uniformemente en el país: en la Capital Federal, 17% de la población es mayor de 65 años, mientras que en las provincias del norte llega a 6 por ciento.

Para saber más lea: "Prepagas: con más de 70 años hay que pagar casi el triple"

 

© by Esteban y Ribas 2001/2005

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